Domingo JIMÉNEZ BELTRÁN
No pueden negarse los enormes beneficios que la química, y en particular la producción por el hombre de nuevas substancias químicas, han aportado a la humanidad, pero tampoco pueden negarse los riesgos para el hombre y los ecosistemas, en partes desconocidos, que la presencia creciente en el medio ambiente, suelo, agua, cadena alimentaria…, de substancias químicas en diversidad y cantidad.
Más de cien mil sustancias químicas están registradas en el NECS, Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas Existentes, y varios cientos se añaden cada año; y la producción en Europa occidental, que significa un tercio de la mundial —400 millones de toneladas en 1995—, creció al mismo paso que la economía hasta 1993 y a partir de entonces ha crecido incluso más rápido, o sea, que nuestra economía es más «intensa en substancias químicas», o volumen de substancias por unidad del PIB.
Seguimos tendiendo a concretar al máximo los beneficios, incluso en términos socioeconómicos, y a dejar parte de los riesgos al nivel de potenciales cuando no se pueden demostrar inequívocamente. Pero el sistema empieza a tambalearse cuando su propia base, que es la confianza de los usuarios y consumidores, se ve crecientemente debilitada por las noticias cotidianas (en la prensa danesa son diarias) sobre los riesgos sobre todo por contaminación del agua potable, y en general de los productos alimentarios, y que hace que los países y consumidores que se lo pueden permitir se refugien cada vez más en los llamados «productos ecológicos».
Así que ya va siendo hora de hacer algo. Nos va en ello mucho. Estamos y vivimos en un mundo dominado por y dependiente de las substancias químicas y sobre todo de las sintetizadas por el hombre. Tanto la mejora real del medio ambiente como la sostenibilidad del desarrollo en general van a depender en grado significativo de la propia sostenibilidad de los procesos de producción (reducción de la intensidad en el uso de materiales y energía, y de sus residuos tóxicos y emisiones) como sobre todo del uso sostenible de las substancias químicas.
La Agencia Europea de Medio Ambiente publicará, finalmente, en la segunda quincena de octubre su segundo manifiesto conjunto con la Oficina Regional para Europa del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) con el título de este artículo, y de el que se infiere corno ya anticipé ante los Ministros del Medio Ambiente de Europa en Aarhus en junio de este año que, puede haber grandes riesgos ya incluso con pequeñas dosis, pero que ni siquiera sabemos la envergadura del riesgo y del problema, y nos va en ello nuestra salud y bienestar y la de los ecosistemas y el futuro.
El informe conjunto AEMA-PNUMA concluye en señalar que aunque existe un marco legal muy desarrollado a nivel de la UF e Internacionalmente, en particular en el área de la OCDE, para el control de substancias químicas, sobre todo para evaluación de nuevas substancias y progresiva evaluación de las existentes:
- Hay falta de vigilancia e información sobre la dispersión de estas substancias en el aire, agua, suelos, cadena alimentaria, ecosistemas y sobre todo de la exposición y efectos sobre las personas.
- Hay falta de datos de toxicidad y ecotoxicidad y evaluaciones consistentes de riesgos, incluso de las substancias químicas, más de 3.000, producidas en grandes cantidades, más de 1.000 Tm/año. Y no parece que puedan cubrirse estas carencias con los recursos técnicos y financieros disponibles, que prácticamente se dedican a las nuevas substancias, y en un plazo adecuado.
- Hay evidencia creciente de peligros para las personas y perturbación en la fauna debido a exposiciones de bajo nivel.
Y abre el camino para una revisión de los planteamientos, estrategias, controles… que ya está poniéndose en marcha a nivel comunitario y anticipada por algunos Estados miembros de la UF, incluyendo:
— La aplicación más rigurosa del principio de precaución (toma de medidas aun cuando la incertidumbre científica es alta, pero los riesgos son grandes de no tomarlas) y que en este caso permitiría la prohibición automática de ciertas substancias con determinadas propiedades de persistencia, bioacumulación y efectos tóxicos irreversibles.
— La reducción drástica de «descargas» al medio ambiente de ciertas substancias especialmente de sustancias persistentes, llegando a «vertido cero» o en todo caso a «exposición no deseada cero».
_ La sustitución de sustancias químicas por otras menos peligrosas (concepto de evaluación comparativa, que tanto éxito ha tenido en la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos). Y en esta línea la sustitución progresiva de actividades de venta de productos o substancias químicas por prestación de «servicios químicos» integrados con el mismo fin. Y por supuesto aquí se abre el paso al «no uso» de una sustancia química cuando no es técnicamente necesaria (el tan debatido cuarto criterio, junto a los de seguridad, calidad, eficacia).
— La internalización de costes ambientales y sociales y aplicación asociada creciente de tasas e incluso impuestos a las substancias químicas, para aumentar su uso ecoeficiente.
— La atención creciente a los «productos finales, donde junto con las substancias activas, habría otras con riesgos significativos (uso del llamado análisis del ciclo de vida y en sus distintas fases), y por supuesto el apoyo a la llamada «química blanda» a partir de cosechas o plantaciones industriales renovables.
Durante este año, al menos a nivel europeo, no así en los EE.UU. que sigue encasillado al menos formalmente en una aplicación restrictiva del principio de precaución (trasladando todo el peso a la certidumbre científica en cuanto a daños y dejando la carga de la prueba del lado del medio ambiente) he podido apreciar un cambio de actitud para una revisión. Ya no son sólo los grupos científicos más concienciados o las ONGs más activas las que lo reivindican, son también las federaciones y empresarios de la química los que lo piden como parte de su futuro o «negocio sostenible», y finalmente el estamento político, y en particular la Comisión, se siente respaldada para iniciar un replanteamiento profundo del sistema de control de substancias químicas en el que ha sido pionera (las Directrices comunitarias son las más ambiciosas y son anteriores, 1967, incluso a una política ambiental comunitaria que se perfiló en 1972).
Personalmente espero que la Agencia en su función de órgano de la UE independiente para la producción de la mejor información disponible (balance de la evidencia) y relevante continúe y siga contribuyendo a este despertar en este campo de la química transformando este desafío una vez más en oportunidad.
Fuente: Observatorio medioambiental, ISSN 1139-1987, Nº 2, 1999, págs. 19-24