Emergencia climática y ambiental, basta de cautelas

¿Cómo es que no respondemos de forma proporcionada y contundente a la evidente emergencia ambiental que estamos viviendo?

En las últimas semanas hemos llegado a temperaturas extremas nunca sufridas en muchas partes de Europa; en la segunda semana de agosto, a la certificación de la muerte de un glaciar en Islandia, se sumaba la evidencia de la presencia significativa de micro plásticos en las precipitaciones en zonas de los Pirineos y en el hielo ártico.

Hasta ahora las respuestas ante impactos ambientales que han afectado a nuestra salud y que son resultado de acciones humanas ligadas a retornos económicos sustanciosos, han sido, en general, de suma cautela y la historia se repite ahora y de manera insultante, como ha señalado de forma tan simple y clara la pequeña sueca Greta Thumberg.

En lugar de actuar como dice Greta, para mitigar el cambio climático como si nos fuera la vida en ello, actuamos, diría yo, como si nos fuera la vida en dejar de hacer lo que hacemos, en cerrar nuestras centrales de carbón y gas, en abandonar los vehículos de combustión, etcétera.

El Antropoceno, periodo marcado por el hombre con la revolución industrial y en particular los últimos 150 años, está lleno de casos conocidos como “falsos negativos”, así llamados por no haber respondido al denominado “Principio de Precaución”, hoy ya invocable en justicia en la Unión Europea y con amplia jurisprudencia a nivel comunitario y en los Estados miembros, en particular en Alemania, que es donde se originó conceptualmente y se aplicó legalmente por primera vez en su Ley de Aire Limpio de 1974.

Concebido por Konrad Von Moltke, este principio establecería una base legal para que las administraciones pudieran y debieran actuar en situaciones reales o proyectadas en las que, según la información científica disponible, hay bases razonables para suponer riesgos para la salud, el medio ambiente o la biodiversidad, aunque dicha información científica no sea concluyente o no aporte certidumbre al respecto.

Este principio fue recogido en la llamada Declaración de Río de 1992 de Naciones Unidas (Cumbre de Río para el Desarrollo Sostenible, zenit no igualado): “Donde existan amenazas de daños serios o irreversibles la falta de certeza científica no podrá esgrimirse como razón para posponer acciones proporcionadas (coste/eficacia) para prevenir la degradación ambiental” y, figura en el Artículo 191 del Tratado para el Funcionamiento de la UE, según el cual la “política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se basará en los principios de precaución y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga”.

Lo curioso es que el Principio de Precaución, también conocido como “Principio de Cautela”, parece ser una llamada para actuar con precaución a la hora de proteger al medio ambiente, cuando lo que se pide es superar las cautelas que pudiera haber por el hecho de no contar con una base científica concluyente y así lo ha mostrado la historia.

Bolsonaro acusa a las ONG de los fuegos en el Amazonas. /G1

En el caso del cambio climático, seguimos acumulando tiempo en cuanto a la falta de respuesta contundente al mismo, cuando ya se predijo con una precisión sorprendente hace más de 120 años por Svante August Arrhenius (Premio Nobel en 1903) quien, no sólo anticipó en 1896 el proceso, sino que predijo su magnitud ya que implicaría un incremento en unos 4ºC de la temperatura media global si se duplicaba el CO2 en la atmósfera superando las 540 ppm.

Durante todo este tiempo, más de 120 años, a medida que le dábamos la razón en su predicción con años y decenios cada vez más calurosos e incrementos reales en la temperatura media del planeta, ya por encima de 1ºC, seguíamos y seguimos aumentando el uso abusivo y adictivo de los combustibles fósiles y las emisiones de CO2 a nivel global, neutralizando globalmente y en cada una de las regiones, con la sola excepción de la UE, las reducciones en emisiones de CO2 aportadas por las renovables con los incrementos por el mayor consumo de energía.

Los lectores solo tienen que repasar los índices de los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente – AEMA de los casos perdidos o “falsos negativos” como muestra de la extensión del desvarío que se ha ido produciendo en estos más de cien años y que convergen en la emergencia climática y ambiental. A esto se sumaría el hecho de que es prácticamente imposible encontrar “falsos positivos”, es decir, casos en los que en particular por razones ambientales nos hayamos pasado de frenada o se ha sobreactuado.

Me permito mencionar, entre las catástrofes o episodios previsibles y no abordadas a tiempo, según la AEMA en su publicación de 2001, los impactos sobre la salud de las radiaciones ionizantes (efectos evidentes de los accidentes nucleares), los daños a la salud por el uso generalizado del asbestos/amianto (de mineral milagroso a perverso, con litigios pendientes después de más de 100 años de su denuncia), la degradación de la capa de ozono por los halocarbonos (en particular por los CFC, clorofluorocarbonos muy usados en la refrigeración y falsamente considerados como inertes), la lluvia ácida por las emisiones de dióxido de azufre (SO2) ,los impactos en la salud animal y humana por el empleo de sustancias antimicrobianas u hormonas en la alimentación animal para promover su crecimiento o la mala gestión de la enfermedad de las “vacas locas” (encefalopatía espongiforme bovina) en la UE que socavó las bases de la precaución y prevención.

Sobre todo, el que nos ocupa, es el cambio climático como impacto global generalizado y trascendente y en el que confluyen todas las sintomatologías de los casos perdidos mencionados, para hacer del mismo el gran desafío ante el que no que no nos podemos permitir claudicar.

La emergencia actual tiene en el cambio climático su sintomatología más determinante, con una subida media de la temperatura global de más de 1ºC (en las últimas cuatro décadas cada una ha ido batiendo el récord térmico de la anterior) y que, si se mantienen las tendencias, podría rebasar los 3ºC antes del 2.100, superando ampliamente el límite de 1,5-2ºC que se considera puede implicar cambios ya no lineales y difícilmente reversibles.

El contenido de CO2 en la atmósfera ya supera ampliamente los 400 ppm (partes por millón) y sobrepasar los 540 ppm (duplicación de los niveles de la época preindustrial de 270 ppm) supondría incrementos de más de 4ºC como predijo Arrhenius, lo que equivaldría a una glaciación, aunque a la inversa, lo que un grupo de científicos estadounidenses ha calificado como “the big shit” o “la gran mierda”.

Urge centrarse en esta gran mierda del cambio climático para poner en valor las 14 lecciones tardías aprendidas de los casos mencionados ,y en especial, dos de ellas que han sido clave para retrasar la acción de los poderes públicos ante las evidencias de riesgos graves para la salud y/o el medio ambiente:

  •  La existencia de grandes intereses económicos ligados al mantenimiento de la situación existente y en muchos casos de carácter especulador y cortoplacista.
  • La cercanía al poder de dichos intereses económicos generalmente en posición dominante y que en la práctica se ejemplariza en las llamadas “puertas giratorias “.

Las cautelas tomadas en materia de mitigación del cambio climático son evidentes a nivel comunitario y del estado español.

A nivel comunitario, mientras a largo plazo (2050) se plantea la descarbonización de la economía con una reducción del 95% de las EGEI, (Emisiones de Gases de Efecto Invernadero) en 1990, el paquete acordado de Cambio Climático y Energía, a medio plazo para 2030, solo contempla una reducción del 40% que se aleja totalmente de la senda marcada (más del 60% en 2030) para la descarbonización en 2050, aunque la futura nueva Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, promete en su concepción de “la EU del Clima” elevarlo al 50% lo que sigue siendo insuficiente. Todo por la presión acumulada de muchos Estados miembros y de los sectores energéticos tradicionales.

Y por supuesto, la UE no se plantea ni declara la emergencia climática, en cuyo apoyo hay programada una huelga general para el 27 de septiembre, ni establecer una Política Energética Común (PEC) con competencias y recursos comunitarios (dentro de un presupuesto comunitario que debería quintuplicar el actual) con más razones que la actual PAC, Política Agrícola Común. Iniciativas verdaderamente disruptivas, en particular la última.

Para paliar estas cautelas a nivel comunitario es importante que tanto el órgano ejecutivo de la Comisión Europea, que tiene la capacidad de iniciativa, como el Parlamento Europeo, con capacidad legislativa, sientan las presiones e intereses de los ciudadanos y de la sociedad civil frente a los intereses económicos, que además de disponer de fuertes lobbies en Bruselas, llegan al Consejo, el otro poder legislativo, a través de los EMs. Así lo hizo la Fundación Renovables ya en 2014 ante las elecciones al Parlamento Europeo con su propuesta incluyendo una Política Energética Común.

A nivel nacional, mientras el borrador del PNIEC, Plan Integral de Energía y Clima, enviado a Bruselas por el Gobierno, supone un gran avance como visión integrada y concreta y de incremento de objetivos frente al escenario previo y propuestas de Gobiernos anteriores, sigue reflejando cautelas provocadas por “la transición energética y ecológica tranquila” que auspician los sectores económicos y, en particular, el energético, el del automóvil y del transporte, el de la construcción y del turismo. Además, no solo a nivel empresarial sino, en bastantes casos, con apoyo sindical y lo que es intrínsecamente contrario al Principio jurídico de Precaución ante la evidente emergencia climática.

Cautelas, que como en el caso anterior, hay que ayudar al Gobierno a paliar con propuestas desde la sociedad civil y desde la perspectiva de los intereses generales frente a los sectoriales, en particular en lo referente a objetivos más ambiciosos en gestión de la demanda con una nueva fiscalidad, en penetración de las renovables en la energía final, en rehabilitación de viviendas, en penetración del vehículo eléctrico, en generalización del autoconsumo…, etc.

Como señala también la Fundación Renovables en su propuesta reciente de Escenario, políticas y directrices para la transición energética, simplemente levantando las cautelas en favor de la sociedad y del futuro en las áreas señaladas se conseguiría pasar del 21% al 51% en la reducción de emisiones, además de darle predictibilidad a los sectores económicos que son parte de esa transición y del futuro.

No solo merece la pena aplicar el Principio de Precaución para proteger nuestra salud y el medio ambiente sino, en puros términos de sostenibilidad económica y siendo conscientes de que no respetarlo es exigible en justicia ante la emergencia climática, también a nivel estatal, como ya se ha resuelto judicialmente en Holanda. ¡Fuera cautelas ya!

Autor: Domingo Jiménez Beltrán

Fuente: La Información Opinión

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