Domingo Jiménez Beltrán – Patrono fundador de la Fundación Renovables
Estamos ante una opción estratégica de enorme trascendencia para el futuro de nuestra economía, medio ambiente, progreso y el bienestar de la sociedad española en general. Tenemos que conformar nuestro futuro energético y hacerlo de forma urgente ante la ausencia de planificación y política energética en general, sobre todo de la última década o, lo que es peor ante la existencia de una “contrapolítica” nefasta, iniciada ya en la segunda legislatura de Zapatero y perfeccionada con perversa eficiencia (decía Bill McDonaugh que “hay algo peor que un nazi, y es un nazi eficiente”) en las legislaturas de Rajoy con los hermanos Nadal como preclaros agentes.
Un reciente artículo de Javier San Pedro en El País, glosando al nuevo Nobel de Economía, Richard Thaler (quien ha demostrado que somos irracionales como agentes económicos, en contra de lo establecido), concluía con algo que viene a cuento y es que “la política puede ayudarnos a planificar mejor”. Para el Nobel de Economía las decisiones complejas requieren ciertamente el concurso de políticos, expertos y ciudadanos en democracias maduras participativas, aunque reservando un papel primordial a la política como gestora de los riesgos a asumir en estos casos. Política que, como bien se viene mostrando en el caso español, debería hacerse en el Congreso en casos como el de la transición energética y en base a propuestas del Gobierno o, en su ausencia, a iniciativa del Congreso si, como es el caso actual, puede haber una mayoría suficiente en la oposición.
Me meto en estas honduras para exigir que la respuesta al desafío del cambio climático y a la conformación de la necesaria y oportuna transición energética que se pretende instrumentar en una cacareada Ley venga de la política y ya, urgentemente. Y es que, con la habilidad y eficiencia que caracterizan al ministro Álvaro Nadal, se ha puesto en marcha un proceso por el que se hurta a la política, al Congreso y a la ciudadanía la conformación urgente de la transición energética.
En primer lugar, el Gobierno no ha dado unas mínimas referencias en cuanto a su propósito, visión y objetivos en el tiempo de la política energética que pretendería instrumentar con la citada Ley. Lo que sí ha hecho en cambio el Ministro Nadal recientemente es criticar la política y estrategias de descarbonización de la Unión Europea (Hoja de Ruta para una Europa baja en Carbono, Hoja de Ruta de la Energía para 2050, Paquetes 2020 y 2030 y Unión Energética) contraponiéndolas a las medidas ahora iniciadas por EEUU con Donald Trump para reforzar la carbonización de su economía lo que, según Nadal, colocaría a la UE en desventaja en los mercados. Tal afirmación, además de irresponsable es falsa como bien han demostrado las ventajas competitivas de la UE por haber firmado y cumplido con el protocolo de Kioto.
En segundo lugar, en este contexto de falta de referencias políticas, o más bien equívocas, el Gobierno se tira el pegote de abrir una extensa consulta pública pidiendo aportaciones de colectivos, agentes socioeconómicos, ONGs …que, por supuesto serán, además de bien intencionadas, bien informadas, pero siempre sin saber muy bien para qué. Muchos parecen contentarse con la falsa esperanza de que les servirá para presentar alegaciones cuando se presente el Proyecto de Ley, lo que ya es un indicador de lo baldío del ejercicio.
En tercer lugar, el Gobierno, también humildemente, se ha sometido a atender el dictamen y propuestas en materia de transición energética de un grupo de 14 expertos identificados a propuesta de partidos políticos y agentes socioeconómicos. Aunque siempre sin someter cuál es la política a futuro a la que deben dar respuestas técnicas.
En cuarto lugar, se han movilizado distintas Comisiones del Congreso para que con la comparecencia de expertos vayan elaborando sus propuestas de cara a los contenidos de esta Ley de Cambio Climático y Transición Energética que entiendo se elevarían al Pleno para su traslado al Gobierno. Y siempre sin contar con la política a futuro que debe instrumentar la Ley, aunque en este caso tendrán que contemplarla las Comisiones como hipótesis de trabajo.
En este circo montado por el Gobierno y el Ministerio se tienen ocupadas las capacidades de los grupos activos de la sociedad civil, de expertos cualificados y del estamento político, mientras tanto el Ministerio sigue a lo suyo:
- Pretende blindar las centrales de carbón y nucleares ante posibles decisiones de cierre de las empresas propietarias por razones económicas o estratégicas.
- Hasta 2016 no se subastaron prácticamente plantas de generación eléctrica con renovables colocándonos en el furgón de cola de un tren que va a toda mecha globalmente e incumpliendo con ello su cortoplacista y pobre en renovable planificación de potencia instalada 2013- 2020 (incremento entre 6.660 y 8.500 MW) y arriesgándose a no respetar los objetivos UE para 2020.
- Sin embargo ya avanzado 2017, se han subastado en mayo y julio de 2017 más de 8.037 MW (más de 3.909 MW fotovoltaica y de 4.128 MW de eólica) que, sumadas a la única previa de enero de 2016 (500 MW eólicos y 200 MW de Biomasa), darían un total de 8.737MW a tener en producción en 2020 como fecha límite.
Este incremento de la capacidad de generación que sería loable y desde instancias como la Fundación Renovables aplaudiríamos si este constituyese ya una pieza clave para una construcción eficiente del nuevo sistema energético basado en la eficiencia energética y en la generación distribuida basada en la generalización de las renovables. Sin embargo, lo inadecuado de estas subastas es que:
- No se hacen por tecnologías para permitir un mix adecuado de las mismas.
- No reservan potencia para plantas menores y facilitar la generación distribuida.
- No reservan una parte para la generación en autoconsumo, incluyendo colectividades, PYMES, empresas agrarias e industrias en general. Aunque para ello habría que modificar la normativa de autoconsumo.
- Parecen resultado de la acción discrecional del Ministerio, como se observa tanto por su acumulación a pocos años del horizonte objetivo 2020 (es posible que no se respete), después de unos años baldíos que han afectado a la industria de renovables por falta de predictibilidad, como por las potencias subastadas por encima de los objetivos de las propias subastas y de la propia planificación en el caso de algunas tecnologías.
Hasta el Secretario de Estado de Energía ha señalado que quizás se hayan equivocado con la subasta de renovables. No hay que ser muy sagaz para confirmarlo y asegurar con rotundidad que esta no es la forma de planificar el futuro energético ni de favorecer la necesaria generalización de las renovables.
Y a toda esta vorágine del Ministerio de continuar con el parque nuclear y de carbón existente, hay que unir la consolidación en el sector de generación con gas que pretenden las empresas eléctricas, dos de las cuales tiene ya contratos de gas de fracking de EEUU a veinte años (hasta 2036, entiendo).
Así que el Ministerio nos tiene a todos ocupados en que le propongamos qué políticas habría que hacer y mientras aprovecha para hacer su contra política o lo que no habría que hacer.
La mejor prueba de que estamos ante un desafío político y que las respuestas son políticas la tenemos en la transición energética alemana, en la danesa e incluso en la francesa.
El desafío no es técnico ni económico, la prueba la tenemos en el desplazamiento acelerado en los mercados globales de las tecnologías nuclear y fósil hacia las renovables. Por si fuera poco, ante el manido argumento de que las renovables no pueden ser gestionadas en firme, de que las redes de transporte no podrían soportar su generalización, tenemos la respuesta unánime reciente de los Operadores europeos de dichas Redes que forman parte de RGI “Renewables Grid Initiative” diciendo a los Gobiernos de los estados miembros de la UE que decidan los escenarios energéticos – en este caso de generación eléctrica – que consideren deseables que las Redes y los Operadores “will deliver” o sea que los harán viables.
Así que es la hora de una política energética con mayúsculas que no se puede dejar al juego de escamoteo del Ministerio.
Toca abrir ya una doble vía política:
- Una urgente, de emergencia. Para plantear desde una oposición que parece mayoritaria (si finalmente Ciudadanos es consecuente y no “seguidista” con el Gobierno, como ha mostrado en el tema del autoconsumo) una Propuesta de Ley de Medidas Urgentes en materia de Energía en la que se recondujeran desarrollos en curso que impiden o contravienen actuaciones inaplazables (revisión de la normativa de autoconsumo y de la del mercado eléctrico…) o que pueden mermar, e incluso invalidar tanto el potencial de la futura transición energética como la planificación a medio y largo plazo para ejecutarla (cerrar el camino a propuestas en curso para extender el periodo de vida útil de las centrales nucleares, para facilitar la continuación de las de carbón, para dar condiciones ventajosas a las de gas, etc.) y siempre mediante cambios mínimos en la legislación.
- Otra de más largo recorrido. Dando sentido al proceso en curso dirigido a conformar una política energética de futuro cuyo instrumento principal sería la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, contando con que en dicho proceso se identificarían los elementos clave de dicha política para lo que se cuenta con referentes suficientes en el marco comunitario.
Esto último implica, en primer lugar, que el Gobierno explicite su política actual, que la tiene, aunque por lo que la oculta debe ser inconfesable. El Ministro debería comparecer urgentemente en el Congreso para exponerla, para decir:
- Si está o no de acuerdo con la política energética de la UE, de los objetivos de la Unión Energética y de las Hojas de Ruta 2050 para una Economía baja en Carbono y para la Energía, así como de un paquete de objetivos 2030 más allá de los propuestos por la Comisión, en línea con los que se están planteando en el Parlamento Europeo por ser en principio ventajosos para España.
- Si está de acuerdo con lo anterior, como cabría suponer, aunque sus declaraciones y propuestas lo desmienten, ¿cómo piensa poner en práctica/trasladar estas políticas a España a medio y largo plazo, y muy en particular el escenario de generación eléctrica 2030 que considera deseable para España incluyendo en particular el necesario calendario de cierre de centrales de carbón y nucleares?
- De acuerdo con lo anterior ¿cuáles serían, en su opinión, los elementos clave de estas políticas que debería instrumentar la propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética?
Con esta base ya tendría sentido el desarrollar las consultas públicas mencionadas, los trabajos en Comisión en el Congreso e incluso habría una mínima base para dar sentido al trabajo del grupo de expertos que podrían partir de la política actual y tendencias para analizar escenarios alternativos y su viabilidad técnica.
Estas son mis percepciones. La situación es mala y con el proceso abierto por el Ministerio y sus propuestas en curso puede incluso empeorar, la buena noticia es que el margen de mejora es enorme y sigue creciendo, solo hace falta introducir política con mayúsculas, que se haga política energética en el Congreso guiada por el interés común y no por intereses sectoriales. Entretanto solo puedo decir “conMingo que no cuenten”.
Fuente: Blog 20 minutos.