Domingo Jiménez Beltrán
Cualquier consumidor avezado o simplemente interesado en sus gastos se pregunta, nos preguntamos estos días, qué es lo que pagamos y qué es lo que deberíamos o tendremos que pagar en nuestro su recibo eléctrico, mal llamado “de la luz”, mientras asistimos atónitos al debate sobre los numerosos elementos que determinan su importe. Sin duda para el consumidor es muy difícil entender lo que significa déficit tarifario y nos desborda su cuantía, nada más y nada menos que 24.000 millones de euros. Nos dicen que este “déficit de tarifa” sería la diferencia entre lo que han percibido “las Eléctricas” y los costes oficialmente “reconocidos” -otra cosa son los reales- de generación, costes que, nos dicen, no hemos pagado los consumidores y que ahora resulta que debemos, Primera cuestión: nadie nos preguntó nunca si queríamos endeudarnos.
Con todos los respetos, como consumidores no debemos nada, porque los consumidores no hemos firmado ningún crédito o pago aplazado al respecto. Así que como mucho reclámenselo al Gobierno que lo ha titularizado, al Gobierno que tiene todos los elementos para imponer (no proponer), por ejemplo, una quita sustancial a tenor de los otros pagos que sí se han hecho y que no debían haberse hecho. Y en todo caso reclamaremos esta quita como ciudadanos, como contribuyentes, porque sería injusto asumir el déficit actual en los Presupuestos Generales del Estado, ya que por un lado se habría generado en el ámbito del consumo -consumidor no es equivalente a ciudadano- y porque además su importe es desproporcionado, ya que como no se pagaba parecía valer todo. Esta quita debería ser como mínimo el equivalente a los ingresos o beneficios no debidos en todos estos años para la energía nuclear y la gran hidráulica por retribuir inversiones ya amortizadas -los llamados windfall profits-, lo que supone mas de 1.000 millones de euros año. Esta “tasa” además reduciría el interés no solo en extender la vida de la central nuclear de Garoña sino en general del resto de centrales, algo que parece ya empieza a considerar UNESA con el mensaje de que “las nucleares no son tan baratas”, lo que ya sabíamos solo que por otros conceptos ligados a su inseguridad e insostenibilidad. A partir de aquí se podría seguir hablando.
Sí, porque habría más cosas de las que hablar. De entrada, a los consumidores preocupados por la subida de “la luz” nos sorprende cuanto menos que en ese recibo se incluyan extraños subsidios a un carbón nacional ambientalmente considerado como “dañino” y socioeconómicamente sin perspectivas, subsidios que suponen un importe de 700 millones de euros anuales y que son a todas luces anacrónicos y son la peor salida para hacer frente, como es necesario, a los impactos socioeconómicos del ineludible abandono de esta minería.
Difícil es comprender también para el consumidor que se le hable de los peajes de red y mucho menos de los regalos que reciben en forma de derechos de emisión de CO2 para eludir el mecanismo creado para reducir dichas emisiones o la polémica sobre lo percibido por los llamados costes de transición al mercado libre o a la competencia, los llamados CTCs, o la escandalosa retribución de ciertos dirigentes del sector o los fichajes de expresidentes y exministros, etcétera, etcétera, etcétera.
Así que ni debemos tanto los consumidores ni la electricidad tiene que subir tanto en el futuro, aunque eliminemos ese artificio del déficit de tarifa, es decir, aunque los precios de electricidad reflejen los costes y estos incluyan los ineludibles costes de transición hacia un sistema eléctrico más eficaz y eficiente e inexorablemente casi 100% renovables si queremos tener un sistema eléctrico sostenible con presente y futuro y con emisiones de CO2 del sector eléctrico cercanas al cero según plantea como necesario, viable y oportuno la Hoja de Ruta para una Economía Baja en Carbono de la Comisión Europea.
Sin embargo, algunos tratan de confundirnos a los consumidores buscando otros culpables de la subida de este recibo de la luz. “La culpa es de lo mucho que nos cuestan las renovables”, dicen, olvidándose de entrada de los beneficios que aportan además de ser la respuesta adecuada, de ser la única opción a los retos que tiene planteados la sociedad actual para combatir el cambio climático, la autonomía energética y el acceso a la energía para una gran parte de la humanidad.
Por eso es sorprendente que la primera medida para atajar ese “déficit de tarifa” haya sido paralizar el desarrollo renovable señalando directamente a estas tecnologías como culpables del problema. Pero ellos mismos ponen en evidencia lo erróneo de la medida cuando reconocen que con la misma se obtendrá el ridículo ahorro de 170 millones de euros. Por el contrario, los costes de esta nefasta moratoria son tremendos para el futuro de nuestra industria de renovables con pérdidas de miles de empleos, una industria que es la más prometedora en términos de competitividad, y, sobre todo, que es imprescindible para el futuro de nuestro sistema energético, de nuestra economía y de nuestro país.
Y lo es porque no tenemos otra salida que la eficiencia y renovables, esa es nuestra gran y única oportunidad, hacer una “España Solar” en lugar de “una España hecha toda un solar” como parece querer volver a repetir este Gobierno cuando beneficia a las grandes empresas, sean eléctricas o constructoras, y, por supuesto, a los especuladores, que buscan beneficios a corto plazo y trasladan costes a la sociedad y al futuro. Bueno, pues después de todo esto, ¿qué es lo que deberíamos “debidamente” pagar los consumidores? Sin duda, lo que contribuya a un futuro sostenible y más competitivo, y no los errores del pasado.
Fuente: Cuarto Poder
Domingo Jiménez Beltrán es vicepresidente de la Fundación Renovables. Fue el primer director de la Agencia Europea de Medio Ambiente (1994-2002). Premio Nacional de Medio Ambiente en 2007.